Comunicado por la derogación de las tasas

Dicha norma, apoyada únicamente por el Gobierno y por el Grupo Parlamentario Popular, supone la imposición generalizada de elevadas tasas para poder acceder a la justicia, lo que limita, dificulta y, en algunos casos, impide dicho acceso en condiciones de igualdad, con la consiguiente vulneración de los
arts. 14 y 24 de nuestra Constitución (derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva) así como del artículo 6.1 del Convenio de Roma y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y doctrina jurisprudencial europea así como de nuestro Tribunal Constitucional, y, en consecuencia, implica una restricción para exigir y hacer valer todos los demás derechos del justiciable.

En efecto, tras casi dos años de aplicación efectiva de la Ley, se ha evidenciado una importante reducción de acciones judiciales, fundamentalmente en la jurisdicción de lo  contencioso administrativo y en los recursos de apelación y casación, todo ello en beneficio de la Administración, cuyo abuso e impunidad es flagrante, y de las grandes entidades, principalmente bancos y compañías aseguradoras, que son las únicas que pueden permitirse el lujo de interponer dichos recursos, y en claro perjuicio del ciudadano medio, de los consumidores y de las pequeñas y medianas empresas, cuyas posibilidades de acceso a la justicia se ven gravemente limitadas, quedando demostrado así que la implantación de tasas judiciales es una medida disuasoria que favorece a los que más recursos económicos tienen en detrimento de los menos pudientes, reduciéndose la litigiosidad pero a costa de la indefensión de muchísimos ciudadanos.